A partir de la sanción de la Ley 13.553 de la Provincia de Buenos Aires, que introdujo modificaciones a la ley 11868, agregando el inciso 10 al art. 22, se dispuso que el Consejo de la Magistratura creara, organizara y dirigiera la Escuela Judicial, con el objetivo de establecer métodos teóricos, prácticos e interdisciplinarios de preparación, motivación y perfeccionamiento para el acceso y el ejercicio de las funciones judiciales. Dicha Escuela debe garantizar la pluralidad académica, doctrinaria y jurisprudencial. Tal decisión legislativa impulsó el objetivo de una mayor capacitación para el ejercicio de la función pública, que ya no podía limitarse a una formación especializada en derecho aunque fuera de excelencia. Se comenzaron a requerir otros conocimientos para el ejercicio de una magistratura actualizada, responsable y dirigida a resolver los problemas de la comunidad y del propio ámbito de trabajo. La interdisciplina y la transdisciplina resultan necesarias para la tarea diaria. Debe considerarse que magistrados y funcionarios suficientemente capacitados son aquellos que tienen permanentemente presentes los fundamentos éticos de su trabajo y conocen las técnicas de gestión, resolución y composición de conflictos, tanto en el ámbito de las controversias que le son sometidas a dictamen o resolución, como en el relevante aspecto de la actividad de su propio tribunal u oficina judicial. Todos deben dominar los conocimientos científicos básicos que les permitan comprender e interpretar autónomamente las pericias. Un buen magistrado o funcionario es un profesional interdisciplinario que para ejercer la sana crítica debe tener a su propia disposición muchos elementos que antes le eran ajenos, o derivaba en "auxiliares de la justicia", cuya terminología y conceptualización no estaba incluida en su formación. Además, es un profesional que expresa una argumentación consistente a través de una redacción precisa, clara y accesible.