La Comunicación Pública ocupa un lugar decisivo en los nuevos paradigmas de Poder. Cada vez más, las nuestras son democracias audiovisuales y la mediación de los complejos sistemas de comunicación una tarea inherente a la gestión de gobierno. Además, el Estado tiene la obligación Constitucional de difundir e informar sobre los actos de Gobierno; por eso la Comunicación Pública o Gubernamental es un tema que debe ser abordado desde una doble perspectiva: Profesional y como Política de Estado. Nada de esto ha ocurrido nunca en la Argentina. El principal factor distorsivo en la comunicación del Estado y los Asuntos Públicos es la falta de jerarquización de la función y la ausencia total de formación profesional de la mayoría de los funcionarios. Se deja de ese modo en manos de idóneos un pilar básico del vínculo entre la ciudadanía y el Estado (en todas sus formas). El concepto de “Asuntos Públicos” (Public Affaires) incluye tanto la comunicación de todas las áreas del Poder Ejecutivo, desde la Presidencia hasta las Direcciones Generales, pasando por las áreas descentralizadas (Bancos, Aduana, entes reguladores); los gobiernos provinciales, municipales, el ámbito legislativo y hasta las empresas de capital mixto o aun privado cuya actividad tiene relación directa con los servicios que el Estado provee al ciudadano (energía, transporte, telecomunicaciones, etc.).